Dos proyectos de ley a estudio del Parlamento sobre tenencia parental de niños y adolescentes tienen un “contenido regresivo en materia de garantía de derechos” para los menores y “violan convenios internacionales” ratificados por Uruguay, advirtieron con “profunda preocupación” varias instituciones y organizaciones del país y la región, inquietud que explicó en INFO24 la especialista en derechos de niñez y adolescencia Alicia Deus.
Deus, abogada que asesora a dichas organizaciones, que transmitieron su preocupación mediante un comunicado, alertó al respecto que “los dos proyectos van en contra de los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que reconoce a los niños y los adolescentes como personas, sujetos de derecho. Hay como un desconocimiento de que cada situación de niño o niña es única y debe resolverse en función de su interés superior y sus circunstancias. Los dos proyectos prevén, cuando no hay acuerdo de partes, la imposición de la tenencia compartida por ambos padres. Pero las realidades de cada niño, familia, situación son diferentes y hay que contemplarlas en su integralidad”, dijo sobre uno de los principios.
“Por supuesto, como menciona el comunicado, cuando hay situaciones de violencia o abuso, que son extremas, realmente es un peligro desconocer esa situación. Por ejemplo, uno de los proyectos menciona que solamente con una sentencia de condena se interrumpirían las visitas con la persona denunciada. Eso por ejemplo es realmente desconocer las medidas de prevención y de protección que deben necesariamente aplicarse porque, en la realidad, una sentencia de condena puede demorar muchísimo tiempo”.
“Y más en estas situaciones de violencia, maltrato, abuso, donde las pruebas son muy difíciles de conseguir porque, obviamente, son situaciones que se producen en la intimidad, sin testigos. Entonces la justicia demora mucho, todos conocemos que son procesos que demoran muchísimo tiempo y mientras tanto lo que corresponde es proteger al niño, que debe ser siempre la prioridad. Este principio de precaución que se menciona en el comunicado, se utiliza por los tribunales y por la jurisprudencia para establecer medidas de protección a los niños antes de que se produzcan realmente los daños, o si se produjeron, para que no sigan produciéndose”.
“Pero más allá de las situaciones extremas de violencia o de abuso, hay realidades como dónde vive cada padre, qué actividades tiene, a qué centro educativo concurre el niño, qué actividades extracurriculares tiene o no; además de escuchar al niño para ver quién de los padres, si los dos o uno de ellos, es su referente de confianza, su apoyo. Son una cantidad de circunstancias y situaciones que hay que ver en la singularidad y no legislar al barrer en lo general, porque si no, se está desconociendo la persona del niño”. En consideración de una casuística tan variada como situaciones se dan, “el problema es cuando por Ley se determina algo sin analizar el caso en particular y la situación de cada niña, niño o adolescente involucrado”.
Deus confirmó que las instituciones públicas y organizaciones civiles especializadas en los temas de derechos, niñez y violencia, “no” fueron consultadas para la redacción de ambos proyectos legislativos. “Recién ahora están, aparentemente, en proceso de consulta en la Comisión” de Constitución y Legislación del Senado de la República, “pero no fueron consultadas para la elaboración de estos proyectos”, recalcó la consultora.
Lamentó también que actualmente “hay una situación compleja” para “acceder a la justicia”, ámbito en el que “hay servicios de urgencia que se mantienen, pero (…) hay dificultades. Recurrir a la Fiscalía es complicado porque realmente no atienden, por la pandemia básicamente, además de la recarga de los servicios. La pandemia es un factor que distorsiona muchísimo el funcionamiento de los servicios de justicia, es indudable”.
“Además -apuntó- las situaciones de violencia intrafamiliar y de abuso se producen en el interior de los hogares, en la intimidad y con dificultades de prueba; obviamente que el encierro que produce la pandemia, la separación social que produce, lógicamente tiene que agravar esas situaciones. No creo que haya estudios en este sentido en este momento, pero indudablemente tiene que haber situaciones mucho más graves que quedan en el silencio, sin la denuncia”. Asimismo, “el cierre de las escuelas produce mayor aislamiento para las niñas y niños en el interior de su núcleo intrafamiliar”.
“Nosotros confiamos en que los legisladores estén abiertos a escuchar nuestras voces y nuestros fundamentos, porque además el país se expone a ser observado a nivel internacional por los órganos de control de cumplimiento de los tratados, sobre todo del Comité Internacional de los Derechos del Niño (…) porque son proyectos que van en contra de los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño”. En ese aspecto, advirtió Deus, en Uruguay “tenemos un prestigio internacional como país que cumple las convenciones que firma, sería una pena que el país fuera observado por esto luego de tener una legislación adecuada”.
“La filosofía de los dos proyectos es lo que no compartimos. La legislación vigente contempla adecuadamente los principios orientadores de la Convención, que consideran que el niño es una persona, sujeto de derecho que tiene determinados derechos a respetar y proteger en toda situación”.
