El senador frenteamplista sostuvo que el gobierno cortó “con un proceso que está muy viciado de irregularidades” y destacó que se busca “garantizar que el pueblo uruguayo no siga perdiendo millones de dólares”.
El senador frenteamplista Nicolás Viera calificó como “acertadas” las medidas del Poder Ejecutivo tras conocerse las irregularidades en el contrato entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por su sigla en inglés), que se firmó en la administración de Lacalle Pou.
Tras un encuentro entre senadores del Frente Amplio y los coordinadores de la bancada de diputados con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, para conocer los detalles de la garantía presentada por la empresa Cardama, Viera señaló el gobierno cortó “con un proceso que está muy viciado de irregularidades” y destacó que se busca “garantizar que el pueblo uruguayo no siga perdiendo millones de dólares”.
El legislador explicó que el Ejecutivo presentó la denuncia penal luego de que se intentara ejecutar la garantía de fiel cumplimiento sin éxito tras el incumplimiento de Cardama de presentar la renovación de esta garantía ante el inminente vencimiento, que fue este 22 de octubre.
“El gobierno hizo lo único posible que podía hacer, que era ejecutar la garantía o intentar ejecutar la garantía”, sostuvo a la vez que consideró que no se puede “seguir avanzando sobre una construcción que no tiene garantía”, porque significaría “seguir arriesgando recursos de toda la sociedad”.
El senador informó que actualmente se está reuniendo documentación probatoria, informes técnicos y resultados del contralor militar en España para que la Justicia evalúe la situación. “En el contrato está establecido” el requisito de contar con una garantía, indicó, y recordó que el TOCAF no permite adjudicaciones sin ese respaldo.
Viera también afirmó que, de comprobarse responsabilidades dentro del Estado, estas deben investigarse. “Hay que ir hasta el hueso en todos los caminos, no solamente con la empresa, sino también con aquellos que tuvieron que tomar responsabilidades y estampar la firma”, sentenció.
Asimismo, cuestionó al exministro de Defensa Javier García, quien -según Viera- “tendría que explicar por qué su administración firmó con Cardama cuando los equipos técnicos del Ministerio de Defensa los habían puesto en el último lugar posible”. Y añadió: “García debería explicar si existieron o no existieron presiones norteamericanas para que el astillero de la construcción de la OPV, no fuera de una empresa china. García debería explicar por qué su colega, el ministro [Armando] Castaingdebat, aceptó sin ningún estudio de ningún tipo a esta garantía”.
Respecto a las versiones de presiones externas en la adjudicación del contrato, el senador sostuvo que revisó la prensa de la época y constató que hubo “autoridades del gobierno de Norteamérica que llamaron a legisladores del Partido Nacional para plantear la preocupación” sobre la posibilidad de que Uruguay contratara una empresa china para la construcción de las patrullas.
El frenteamplista remarcó que lo fundamental ahora es detener la pérdida de fondos públicos. “Se han invertido 30 millones de dólares y si seguimos pagando, vamos a estar gastando 60 millones más sobre algo que no tiene garantía”, reiteró. En ese sentido, consideró que el Ejecutivo actuó “como debía” y que el siguiente paso será analizar “cómo recuperamos esa inversión que hicimos y de qué manera”.
Por su parte, el empresario español Mario Cardama, dueño del Astillero Cardama, defendió el accionar de su compañía y aseguró a El Observador que su empresa “renovó la garantía el pasado 26 de setiembre con el banco inglés” y que el retraso se debió a un error administrativo.
“Hemos entregado unas garantías que fueron, en su día, aceptadas por el Gobierno. Esas garantías se emiten para incumplimientos del contrato y no hemos recibido comunicación por incumplimiento de contrato”, expresó el español a Desayunos Informales (Canal 12) este jueves y agregó: “Estamos sorprendidos de que se intente ejecutar una garantía por incumplimiento de contrato. La garantía está renovada desde setiembre”.
El 22 de setiembre de este año, Cardama debió comunicarle al gobierno uruguayo la renovación de la garantía, que efectivamente venció este 22 de octubre. Como esto no ocurrió, el Poder Ejecutivo resolvió ejecutar la garantía para cobrar un 5 % del valor total de la obra, que asciende a unos 4.000.000 de dólares. Sin embargo, ello no fue posible ya que EuroCommerce, el garante, se encuentra en proceso de liquidación.
Para Viera, se trata de “una empresa creada en papeles” y recordó que el embajador de Uruguay ante el Reino Unido concurrió a la supuesta dirección de esta empresa para poder solicitar la ejecución de la garantía y en el lugar había una inmobiliaria. “Es todo muy raro”, dijo y añadió que todo conduce a “por lo menos, dudar que se está buscando estafar al Estado uruguayo”.